La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado en el que manifiesta su rechazo al proyecto de ley que impulsaron senadoras kirchneristas para limitar las investigaciones periodísticas en denuncias de corrupción.

La asociación expresó “absoluto rechazo a que se intente deslegitimar y limitar, a través de un proyecto legislativo desatinado y sin antecedentes en el mundo, el rol del periodismo de investigación, central en las democracias modernas”.

La norma propone un “control de convencionalidad” para las prisiones preventivas que anula las detenciones cuando el acusado se sienta involucrado en una serie de supuestos, como la difusión en los medios de las acusaciones en su contra.

“La norma propuesta vulnera claramente la libertad de expresión y promueve la autocensura“, condenó Adepa en el comunicado.

Para la entidad, “pretender que una investigación periodística sobre corrupción, una de las funciones de la prensa libre, constituya per se un atenuante en la situación procesal de un denunciado, roza el disparate”.

El proyecto fue elaborado por las senadoras María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara. Excepto la primera, las otras cuatro pertenecían al bloque K, previo a la unificación de las bancadas con el PJ.

El texto del proyecto señala, entre otros puntos, que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” si se verificara “la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva, que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.

Por eso, Adepa consideró que la iniciativa “busca desincentivar la labor periodística, reducir los niveles de transparencia y, en definitiva, favorecer la impunidad”.

Contundente, la entidad cerró el comunicado con el pedido de desestimar el proyecto: “Claramente viola los principios más elementales de la libertad de expresión, contenidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.

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